El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, formalizó a través del decreto ley 2111 de 2019, la creación del Grupo Bicentenario. Proyecto que hacía parte de los motivos que convocaron al paro por ‘el paquetazo de Duque’ del pasado 21 de noviembre y que hasta la fecha está vigente.
El proyecto busca crear una sociedad por acciones de la Rama Ejecutiva que se convertirá en una persona jurídica vinculada a al Ministerio de Hacienda. Reunirá las entidades de banca de primer piso, banca de segundo, fondos de garantías y aseguradoras.
Se trataría entonces de por lo menos 18 corporaciones del gobierno que conformarían – de acuerdo con Carrasquilla-, el tercer grupo empresarial más grande del país. “(…) El Grupo Bicentenario será una sociedad de economía mixta de régimen especial, regida por el derecho privado”.
Sin embargo, Colpensiones y Nueva EPS no harían parte de dicho holding financiero estatal por ser empresas administradoras de seguridad social, pensiones y de salud con participación pública.
Desde el Ministerio de Hacienda se garantiza que la creación de este holding no significaría despidos masivos de empleados y mucho menos cambios en las condiciones laborales de ellos.
Al contrario, sostienen que significará la optimización del portafolio accionario de la Nación en las empresas de servicio financieros que permitirán fortalecer el patrimonio de las mismas y el ahorro del público.
La razón para crear este conglomerado financiero estatal tiene que ver con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que buscaría la igualdad de condiciones en el mercado de las empresas públicas y privadas.
Algunas centrales de trabajadores como la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguran que la creación de este grupo elimina el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales.
Senadores como Wilson Arias, sostienen que esto abre una puerta para la privatización de al menos 16 entidades públicas y hace parte del ‘paquetazo de reformas’ que el gobierno pretende.
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